Aplicación de la política de competencia: la importancia de mirarse al espejo

Enrique Vergara

El lunes 27 de febrero pasado se presentó oficialmente en Tegucigalpa, Honduras, el Examen Inter-Pares -Peer Review- sobre su política de competencia, en el que tuve la oportunidad de trabajar como consultor de la OCDE y el BID.



¿Qué es el Peer Review? En términos sencillos, es una verdadera auditoría a la política de competencia de un país determinado realizada por otras autoridades de competencia sobre la base de un informe elaborado por un consultor. ¿Por qué hacerlo? La reflexión de fondo dice relación con lo importante que es para cualquier autoridad encargada de aplicar una determinada política pública, en este caso la de competencia, poder someterse voluntariamente a una evaluación por parte de expertos sobre cómo lo está haciendo, para lo cual se compara su actuación con las mejores prácticas internacionales.

Todo el proceso resulta fascinante pues el examen no se limita a revisar la legislación vigente en la materia y los casos resueltos por la autoridad, sino que incluye además entrevistas con todas aquellas organizaciones y personas que están interesadas o afectadas por la política de competencia: autoridades del gobierno, como los Ministerios más directamente involucrados (Hacienda y Economía), Poder Judicial (Corte Suprema), órganos reguladores de ciertos sectores de la economía (telecomunicaciones, bancos, energía), sector empresarial, asociaciones de consumidores, prensa, academia, etc.

El levantamiento de toda esa información se consolida en un informe que es examinado por otras autoridades de competencia de la región en el Foro Latinoamericano de Competencia (de ahí su nombre Inter-Pares), al cabo del cual se formulan las recomendaciones para mejorar la aplicación de la política de competencia en sus dos grandes áreas: ejecución de la ley –enforcement- y promoción de la libre competencia –advocacy-.

De este modo, el Peer Review constituye una poderosa herramienta de gestión interna para la autoridad de competencia que voluntariamente decide someterse a este examen, así como un antecedente sólido para solicitar las modificaciones legales que sean necesarias para mejorar la ley de competencia y en, general, el entorno competitivo de un país.

La experiencia inevitablemente me recordó el proceso que vivió nuestro país cuando se sometió a la misma evaluación el año 2003 y que culminó con el informe publicado el año 2004, en momentos que se afinaban los últimos detalles de la Ley Nº 19.911 que creó el TDLC, ley cuyo contenido fue entusiastamente apoyado en el informe. Al revisar sus recomendaciones se puede apreciar la importancia que se dio, por ejemplo, en materia de enforcement el que la Fiscalía se enfocara a la lucha contra los carteles, en tanto que en materia de advocacy se emitieran directrices –guidelines- que entregaran más certeza a los sujetos administrados sobre los criterios de actuación de la autoridad.

Chile fue el primer país de la región que se auto evaluó de acuerdo con este procedimiento. Con el tiempo el examen se ha ido perfeccionando, en particular el capítulo relativo a las recomendaciones, las que en general pueden dividirse en tres grandes grupos: aquellas que se dirigen al gobierno y entidades públicas, las que se refieren a modificaciones a la ley de competencia y, por último, aquellas dirigidas a la autoridad para que mejore su gestión. Como se aprecia, el Peer Review es una verdadera carta de navegación para las autoridades de competencia, que les permite mirarse sin complejos ni temores al espejo para, de esta forma, corregir lo que sea necesario y mejorar lo que aún falta.